La Ley contra los inmigrantes en Arizona.
Edgard González Suárez/04 de mayo de 2010.
Edgard González Suárez/04 de mayo de 2010.
Hace una semana, la gobernadora Jan Brewer del estado fronterizo de Arizona, promulgó la llamada ley SB1070 que señala, permite y obliga a la policía norteamericana a detener a cualquier inmigrante, principalmente latino, por “sospechoso” de encontrarse en el país de manera ilegal. El discurso del senador republicano Russell Pearce, promotor del proyecto, lo dice todo: “liberará a los policías de las trabas políticas y ayudaría a desalojar del estado a los indocumentados”. El proyecto además incluye la posibilidad de permitir demandas de particulares –ciudadanas- contra las instituciones del gobierno que obstruyan la aplicación de las leyes de inmigración, y desde luego haría ilegal contratar indocumentados como jornaleros o transportarlos a sabiendas de su status ilegal y criminal.
Esta medida entrará en efecto dentro de 90 días y tiene como objetivo principal la detención y la deportación de inmigrantes ilegales. Esta característica de la famosa ley esta sirviendo de ejemplo para todos los estados fronterizos, como Texas y California, donde reside casi el 87% de los inmigrantes mexicanos y latinos en los Estados Unidos.
Pero qué hay detrás de la famosa Ley. Por qué ahora se hace patente en Arizona la postura tradicional de los republicanos contra los migrantes del sur de la frontera americana. De qué nos sorprendemos si este tema es quizá el tema principal en los estados fronterizos. Debemos recordar que Arizona tiene unos 460 mil inmigrantes ilegales de los casi 6 millones que viven y trabajan dentro de los Estados Unidos.
Pues detrás de la ley SB1070 esta sirviendo también de ariete en la pelea electoral dentro de los estados Unidos, donde los republicanos están tratando de alinear a sus fuerzas para derrotar a Obama en las elecciones federales de finales de año. Y donde particularmente la Gobernadora de Arizona enfrenta una elección primaria dentro del partido republicano en agosto próximo, y desde luego, con esta promulgación ha querido alinear a la fuerzas más conservadoras detrás suyo.
Aquí, lo que debemos destacar es el uso político electoral del tema migratorio, y la falta de seriedad por parte del Gobierno Federal Norteamericano por llegar a una verdadera Reforma migratoria. Tema por cierto pendiente y ofrecido en la campaña electoral de Obama.
Lo cierto es que el enfoque de la SB1070, lejos de atender a una solución o respuesta integral al fenómeno de la inmigración, pues sostiene un enfoque que criminaliza a todo indocumentado y vuelve sospechoso a cualquiera por su aspecto racial, da todas las facilidades a la policía para detener y arrestar a “sospechosos” y promueve la delación, puesto que obliga a todos los ciudadanos a denunciar a posibles indocumentados y/o querellarse contra el Gobierno en caso de no hacer valer la ley o solapar la inmigración ilegal. Para muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos, este nuevo marco de actuación de la policía local pone en riesgo estos derechos y seguramente por racismo se cometerán muchas tropelías, abusos y no descartan muertes.
Hasta ahora, la ley solo ha servido para que los actores y afectados activen sus organizaciones para detener o protestar contra el racismo que la anima. Pero el Presidente Obama no ha podido impulsar una Reforma migratoria a escala federal. El partido Demócrata, a través de Hilary Clinton y del propio Obama, han rechazado las pretensiones y los efectos de esta ley, no solo por considerarla limitada, racista y poco efectiva, sino por que en el fondo recrudece y tensa las relaciones sociales dentro de los estados fronterizos, enfrenta a policías y ciudadanos, y vuelve a la inmigración un asunto delincuencial.
Hasta ahora el rechazo de la comunidad latina y mexicana se ha hecho patente, marchas masivas no solo en Arizona, sino en todo el sur de los Estados Unidos han dejado constancia de su rechazo a la ley. Los republicanos han reforzado su discurso racial y antilatino, y transformado un asunto social en un asunto policiaco y de ejercicio de la fuerza. Los demócratas han presentado su solidaridad con la comunidad latina, rechazado las pretensiones electoreras en Arizona y calificado a la ley de “irresponsable”, “racista”, “mal encaminada” y “producto de la frustración”.
Lamentablemente el Gobierno Mexicano no ha propuesto nada sobre una eventual reforma migratoria, no ha querido meterse al tema como un actor necesario y privilegiado y de hecho se ha avocado a dar asesoría legal, refugio, facilidades para enfrenar la persecución e incluso facilidades para el retorno al país. Esperemos que en su próxima visita, dentro de 15 días a la Unión Americana, Felipe Calderón no solo trate el tema, sino que fije una postura frente a la Reforma Migratoria y frente a la comunidad mexicana y latina que vive del otro lado de la frontera.
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