REFORMA RECHAZADA O NEGOCIADA

PAQUETE FISCAL A PRUEBA Y BAJO NEGOCIACION

La expresión más visible de la crisis económica en nuestro país se ve a través de la falta de circulante, de dinero en los bolsillos, la caída del poder de compra de la clase media, y la cancelación de obras públicas, servicios públicos, pagos, y salarios en todos los niveles de gobierno, principalmente los municipales. En efecto, la crisis ha dejado en quiebra, tanto a particulares como a gobiernos.
Existen estudios internacionales que demuestran la incapacidad de las instituciones mexicanas para garantizar el piso mínimo de garantías y libertades para el desarrollo humano. Es decir, la imposibilidad real de los gobiernos federal, estatal y municipal para incidir en la expansión de las libertades reales de los individuos dentro de una comunidad determinada.
El marco federal actual, y el esquema de participaciones federales, niega a los municipios independencia y libertad de acción, lo que les impide cumplir su función y afecta la expansión de las capacidades y derechos básicos de los individuos.
La parálisis financiera se hizo evidente en el último trimestre, cientos de obras quedaron inconclusas y los municipios recibieron el impacto, los estados dejaron de recibir miles de millones de pesos y los presupuestos fueron recortados, generando una situación peligrosa en varios municipios del país y del estado.
Por eso creo que puede concretarse la revisión del pacto federal. Gobernadores del PRI y del PRD, molestos con las cada vez más exiguas participaciones y con el congelamiento de la inversión pública en infraestructura, podrían tomar acciones de rechazo, resistencia y ofensiva para acabar de darle la puntilla al gobierno de Felipe Calderón. En el caso de Veracruz, éste depende en más de 65% de los recursos federales, lo que nos hace dependientes presupuestales casi totales; por falta de liquidez, los estados quedan incapacitados para generar políticas públicas independientes; Esto no es otra cosa que resabios del presidencialismo, hoy en crisis, y que tiene propósitos de control y centralismo político.

Por otro lado, El gobierno federal y su proyecto del 2% ha generado toda clase de resistencias entre los gobernadores, y hay que estar zafado, ser demasiado soberbio, como el presiente del PAN, para confrontar a los gobernadores llamándoles señores feudales, cuando precisamente los gobernadores controlan el congreso y representan un poder real dentro de la discusión nacional. Y la única manera de que Calderón pase algo por la cámara es contando con el apoyo y convicción de los gobernadores. Yucatán, Hidalgo, Baja California Sur, Zacatecas, Veracruz y otras entidades lo han rechazado en los últimos 10 días y confrontado el paquete fiscal propuesto por Carstens.
Ciertamente, es urgente una reforma fiscal y otra política, una que acabe con los privilegios, no solo de los diputados, senadores y magistrados, como reducir salarios y prestaciones (atención médica privada, fondo de ahorro y los bonos especiales) de altos funcionarios; bajarles gastos de alimentación, publicidad, celulares, oficinas alternas, vehículos, aviones, de representación y para viajes al extranjero. Sino también acabar con los privilegios fiscales de las grandes compañías que han exprimido a este país hasta la medula, y hasta ahorita nadie los ha querido tocar.
Y por otro lado la urgente reforma política, para pactar un nuevo acuerdo institucional, y nuevas reglas del juego, para contener o limitar los enormes privilegios políticos de grupos regionales.