LOS CHUPADUCTOS DE PEMEX Y EL CRIMEN ORGANIZADO

VÉRTICE POLÍTICO

Edgard González Suárez/01/MZO/2011

LOS “CHUPADUCTOS” Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Es claro que quienes hacen trabajos de “enchufe” o “ponchado” y de tomas clandestinas de petróleo y diesel son los mismo trabajadores de la paraestatal, PEMEX. Estos en contubernio con “socios” externos que se encargan de llenar cientos de tambos de 200 litros con el combustible, e incluso pipas de 44 mil litros,  y transitan por una red de traficantes que llegan tanto a particulares como a las gasolineras e incluso a empresas establecidas que venden y distribuyen los combustibles.

Y es lógico que los mismos trabajadores estén involucrados pues ellos son los que saben los sitios de las bombas, los cortes, las válvulas, la presión, y las vías de acceso y escape. Además de tener el acceso a los propietarios de los terrenos por donde pasan las tuberías.

Ingenieros y trabajadores de distintas áreas se asocian para el robo y venta del aceite, a través de empresas pantalla, o incluso la venta al menudeo a particulares quienes almacenan varios cientos de litros en patios, cocheras, talleres, etc.

Las ganancias son considerables. Según reportan fuentes internas, una sola toma clandestina puede generar más de 500 mil pesos al mes, que se reparte según el numero y grado de peligro de quienes “chupan” el ducto.

Así, en más de 20 años se viene drenando a la paraestal, y según datos internos de la empresa, en años recientes esto se ha recrudecido.

En enero de este año, Petróleos Mexicanos (Pemex) reveló que Veracruz, es el estado que más robo en ductos registra a nivel nacional, tan sólo en el 2010 se detectaron 108 tomas clandestinas, sumando 815 tomas en los últimos diez años. Es seguido por Nuevo León que ocupa el segundo lugar, por 54 tomas ilegales en ductos.

Sin embargo, Veracruz continúa encabezando los estados con mayores casos de robo de ductos. Esto ha provocado explosiones en varios lugares como Nogales, Omealca, Actopan, Maltrata, La Antigua, Córdoba y Cempoala.

Según informó la PGR a principios de año, Veracruz sólo alcanza 45 averiguaciones de las 915 que se presume se han realizado en el país durante el 2009, demostrando la diferencia que existe entre los casos denunciados con los que se presentan en realidad. La pregunta es ¿por qué habiendo crecido exponencialmente el número de tomas en Veracruz, no hay demandas ni averiguaciones promovidas por la paraestatal? La única respuesta que se me ocurre, los funcionarios y trabajadores están coludidos o amenazados por el crimen organizado.

Nuevo León es el segundo estado con más tomas clandestinas, 50 según la propia paraestatal. Lo que muestra una diferencia de más del doble con respecto a Veracruz. En el país, Veracruz y Nuevo León son seguidas por Tamaulipas con 32 tomas, Sinaloa con 31, Coahuila y el Estado de México con 18.

Según los verificadores y supervisores de la empresa la cantidad de extracción en cada toma ha disminuido, precisamente por el control, la vigilancia e incluso la detención y procesamiento penal de quienes han sido sorprendidos en la extracción de los combustibles. No obstante, es claro el número creciente de tomas a lo largo de todo el estado de Veracruz. El estado pasó de 33 tomas clandestinas en el año 2000 a cerrar el 2010 con un acumulado de 815.

La entidad, dice la PGR, sólo tiene 45 averiguaciones de las 915 que tienen iniciadas en el país durante 2010; Sin embargo, trabajadores de PEMEX aseguran que se recuperaron en 2010 cerca de 328 mil quinientos litros de combustible. Se recuperaron 328 mil litros, imaginémonos los que pudieron ser extraídos y movilizados en el mercado negro.

Medellin de Bravo, Poza Rica, Papantla, Minatitlán, Coatzacoalcos, Isla, Rodríguez Clara, Tres Valles, Tierra Blanca, Maltrata, Omealca, Villa Azueta, Nogales, Ixtaczoquitlán entre otros, serían los centros de robo del aceite.

Recientemente y de manera no tan misteriosa han desaparecido trabajadores de Pemex, otros se han suicidado y muchos más han abandonado su trabajo, por las presiones de la pesquisas policíacas o las presiones del crimen organizado que han establecido cuotas en efectivo a los “chupaductos” por dejarlos “trabajar” y transitar por “sus” carreteras.

Basta recordar la historia, en el año 2007, de la detención de Rafael Hernández Vargas, José Luis Bello, los hermanos Guillermo y Gonzalo Ayala Ríos, Anselmo Ramírez Mendoza y el ex asesor jurídico del penal de Poza Rica e hijo de un magistrado, Marco Antonio Vidal Ramírez. Quienes eran los principales “chupaductos” de la zona de Papantla y Poza Rica, y tenían una muy bien montada empresa de tráfico de combustible dirigida a empresas tamaulipecas que revendían el óleo en ese estado norteño.

La detención “in fraganti” del ilícito implicó un choque entre la policía municipal, estatal y elementos del Ejército Méxicano, ya que los famosos “Chupaductos” recibían protección de la delincuencia organizada en la zona, y el personal de seguridad fue recibido con ráfagas de AK 47.

Apenas el año pasado, las autoridades federales y de la paraestatal decidieron que otra estrategia para combatir las tomas clandestinas era presionar a los funcionarios de la paraestatal quienes son los facilitadores del robo; Por ello la PGR, SAT y Pemex, con personal de la Secretaría de Marina fuertemente armados, han tomado por sorpresa y prácticamente por asalto las instalaciones de las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Combustibles que pertenecen a Pemex Refinación para dar localizar a los funcionarios corruptos. Dichas presiones han ocasionado abandono e incluso el suicidio de algunos ellos.

En semanas recientes varios trabajadores de la paraestatal han sido “levantados” o “desaparecidos”, supuestamente por no pagar la “cuota”, o por no querer ya “trabajar” para los cárteles que dominan la zona.

Al final del día, la paraestatal, aunque esta decidida a evitar los robos, en el corto plazo enfrentará una dura presión por parte de la delincuencia organizada, ya que mantienen aterrorizados a sus trabajadores y funcionarios. Ahora estos se ven en medio de dos presiones: La gerencia de servicios de seguridad física (GSSF), una especie de policía interna de la paraestatal; todas las agencias federales involucradas PGR, SIEDO, SAT, Marina y Ejército y por otro lado, los amos y señores de la delincuencia organizada en el estado.